La prisión política es uno de los recursos de que dispone el poder para reprimir la disidencia. El encierro de los opositores existe desde que la sociedad se dividió en clases.
En el siglo que recién termina, en el inicio de un nuevo siglo, los castigos más comunes para aplastar cualquier expresión organizada capaz de cuestionar la dominación de los dueños del capital fueron el genocidio, el crimen político de militantes o activistas sindicales, ecologistas, indígenas, religiosos, los largos confinamientos carcelarios, la relegación, el exilio y el extrañamiento.
En nuestro país, destacadas figuras del movimiento popular como Luis Emilio Recabarren (fundador del Partido Comunista de Chile, 1912) y Clotario Blest (fundador de la Central Única de Trabajadores, en 1953, y del Movimiento de Izquierda Revolucionaria M1R, en 1966), conocieron la cárcel y el exilio. En 1948 la “Ley Maldita” (oficialmente llamada Ley de Defensa de la Democracia) permitió que el gobierno de Gabriel González Videla persiguiera, encarcelara y exiliara no sólo a militantes del Partido Comunista sino a cientos de dirigentes sociales y políticos, incluido el gran poeta Pablo Neruda.
El 11 de septiembre de 1973 se impuso en Chile una dictadura militar que llevó al paroxismo el odio de las clases dominantes contra el movimiento popular. En los primeros años de la dictadura militar fueron ejecutadas y desaparecidas más de tres mil personas. Durante los 17 años de terrorismo de Estado, la Justicia Militar envió a la cárcel a los sobrevivientes de la tortura y la prisión política fue una herramienta más de represión contra la resistencia al régimen dictatorial.
Es necesario formar conciencia de un tema que ha sido objeto de una conspiración del silencio, fruto de una temible conjura de fuerzas políticas aparentemente disímiles, no fue menor el rol que jugaron los medios de comunicación, colaborando activamente en mantener a la opinión pública en la ignorancia de los hechos.